Por: Roxana Schteinbarg , co fundadora del ICB

En esta nota repasamos cómo se logró este acuerdo histórico, cuáles son los desafíos actuales que enfrentan las ballenas y por qué su futuro depende del compromiso real de los gobiernos y de la sociedad para que la caza comercial sea solo parte de la historia del pasado.

La Comisión Ballenera Internacional (CBI) fue establecida en 1946 para regular la caza de ballenas, en un contexto en el que esta actividad era considerada una industria legítima. Pero con el correr de las décadas, las poblaciones fueron llevadas al colapso, la presión pública fue en aumento y la ciencia ponía en evidencia el daño irreversible que se estaba causando. El creciente número de países con políticas a favor de proteger a las ballenas generaron los votos necesarios para dar un paso fundamental:  La aprobación de la moratoria global sobre la caza comercial de ballenas. Esto sucedió el 23 de julio de 1982 y entró en vigor en 1986. Desde entonces cero es el límite para capturas comerciales para todas las poblaciones y especies de ballenas.

En los años siguientes a la moratoria se lograron avances significativos, gracias al aumento de la participación de países con politicas orientadas a la conservación y uso no letal de las ballenas, que pernitieron establecer de un comité de conservación, establecer santuarios, el reconocimiento del turismo de avistaje como alternativa de uso no letal y el desarrollo de programas para mitigar amenazas como las colisiones con embarcaciones o los enmallamientos. Sin embargo, la persistente dicotomía entre los intereses de conservación y las presiones de una minoría para reanudar la caza ha bloqueado sistemáticamente la evolución del mandato de la CBI hacia un organismo plenamente orientado a la protección de los cetáceos.

A pesar de los grandes logros,  Noruega e Islandia continuaron cazando en sus aguas territoriales y Japón encontró un artilugio y mediante la figura de la “caza científica” que le permitió matar miles de ballenas en aguas internacionales, alegando realizar investigaciones, aunque gran parte de la carne terminaba en el mercado.

En 2014, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que el programa japonés en el Océano Austral no tenía fines científicos genuinos y que violaba el espíritu del tratado internacional. Fue un fallo histórico, que dejó en evidencia el uso fraudulento de la ciencia como excusa para sostener una actividad comercial.

Lejos de respetar el fallo, Japón se retiró de la CBI en 2019, al no poder dar fin con la moratoria y sobre todo, por no querer aceptar la legitimidad de una mayoría creciente de naciones que defienden la protección de las ballenas. Al retirarse, retomó abiertamente la caza comercial en aguas territoriales dejando en evidencia que la ciencia que tanto había defendido durante años, era una fachada para sostener una práctica destinada al mercado.

Actualmente, Japón continúa cazando por fuera del alcance de la CBI. Sin embargo, su influencia dentro de este foro no desapareció ya que continúa presente a través de una red de países aliados que responden sistemáticamente a sus intereses. Muchos de estos Estados votan en bloque repitiendo argumentos preestablecidos, debilitando los esfuerzos multilaterales por fortalecer la conservación de las ballenas. Discursos que se repiten año tras año, que distorsionan el espíritu de la CBI y avergüenzan a una diplomacia que parece estar siendo arponeada.

Un mercado inexistente: Noruega e Islandia aún continúan con la caza de ballenas, amparados en objeciones formales. Lo hacen por razones principalmente políticas, ya que el mercado de carne está en franco declive. En Noruega, las cifras son elocuentes: en 2022 se cazaron apenas 58 ballenas, el número más bajo en dos décadas, mientras que el consumo interno sigue cayendo pese a reiteradas campañas de promoción. En Islandia, el interés social por la caza ha disminuido de forma abrupta, y un sondeo reciente reveló que más del 80 % de la población ya no la apoya.  En Japón, el escenario no es distinto: el consumo se ha desplomado a menos del 1 % de lo que era en los años 60. De más de 200 mil toneladas anuales, se ha pasado a apenas 2 mil toneladas en la última década. Gran parte de la carne permanece congelada durante años por falta de compradores, o bien se distribuye en comedores escolares.

Hoy no hay duda que las ballenas valen más vivas que muertas. Su rol ecológico es central: fertilizan los océanos, distribuyen nutrientes, ayudan a capturar carbono y sostienen ecosistemas marinos enteros. El turismo de avistaje responsable no es solo una actividad económica: es una experiencia transformadora.

Cada encuentro con una ballena despierta asombro, conexión y respeto. En lugares como Península Valdés, miles de personas viajan cada año para verlas, escuchar su respiración, sentir su presencia . El avistaje de ballenas es generador de conciencia ambiental, fortalece el sentido de pertenencia local  de las comunidades costeras y consolida una cultura de respeto por la biodiversidad marina. Proteger a las ballenas vivas es elegir un modelo de desarrollo que honra la vida y un vínculo más armónico entre las personas y la vida marina.

Uno de los riesgos actuales más grandes para la continuidad de la moratoria es la falta de firmeza por parte de los países conservacionistas. Si bien muchos gobiernos han sostenido su compromiso, las presiones comerciales para flexibilizar las medidas de protección son constantes.

América Latina ha sido un pilar clave en este foro para la defensa del uso no extractivo y no letal. Su rol como bloque conservacionista ha sido crucial para frenar retrocesos y avanzar hacia una agenda de protección más amplia, que hasta incluye a los pequeños cetáceos. Hoy, más que nunca, su liderazgo es imprescindible y el acompañamiento de la sociedad civil es fundamental.

La CBI debe seguir su evolución hacia su mandato exclusivo en la conservación, capaz de garantizar la recuperación de especies y poblaciones debilitadas tras décadas de explotación comercial. También es clave que continúe siendo un espacio donde se puedan abordar temas de preocupación regional, porque las ballenas son recursos compartidos entre naciones, y su protección requiere cooperación internacional real y efectiva.

Desde hace más de 15 años el ICB participa como organización acreditada en la Comisión Ballenera Internacional, donde llevamos la voz de la ciudadanía y sobre todo de quienes apoyan nuestras acciones. Junto con tras organizaciones, entre las cuales destacmaos el Centro de Conservacion Cetacea de Chile defendemos la moratoria y contribuimos a que el mandato de la CBI siga orientado a la conservación. Nuestros científicos son invitados a participar para aportar desde la ciencia a la conservación. Nuestros proyectos científicos, desarrollados en el marco del Programa Ballena Franca Austral, han sido fundamentales para comprender la evolución de esta especie y promover su protección. Todo esto lo hacemos gracias al apoyo de miles de personas que creen, como nosotros, que el futuro de las ballenas depende de un compromiso constante y colectivo.

En septiembre de 2026, se realizará una nueva reunión plenaria de la CBI en Hobart, Tasmania, una sede que implica una huella de carbono significativa y un altísimo costo logístico para las organizaciones civiles de América Latina. Sin embargo, estar presentes es vital.  Porque si no estamos, la voz de la ciudadanía quedarán fuera de la toma de decisiones.