Por Roxana Schteinbarg, co fundadora del ICB y participante acreditada ante la Comision Ballenera Internacional

El 23 de julio se celebra el Día de las Ballenas y los Delfines, una fecha que recuerda uno de los hitos más importantes de la conservación marina: la adopción de la moratoria internacional a la caza comercial de ballenas, aprobada por la Comisión Ballenera Internacional (CBI) durante su 34.ª reunión, realizada en Brighton.

Esta medida entró en vigor en 1986 y desde entonces, el límite para capturas comerciales es cero para todas las poblaciones y especies de ballenas en aguas internacionales. Cuatro décadas después, sigue vigente.

Este logro fue posible gracias a la convergencia entre ciencia, activismo ciudadano y diplomacia internacional. Desde su aprobación, la CBI fue evolucionando: creció su membresía, se amplió la participación de países comprometidos con la protección de las ballenas y se fortaleció una agenda que hoy incluye santuarios, conservación, bienestar animal, avistaje responsable y medidas para enfrentar amenazas como colisiones con embarcaciones, enmallamientos, contaminación, ruido submarino y cambio climático.

Sin embargo, la moratoria continúa enfrentando presiones y debe ser defendida. Noruega e Islandia siguen realizando caza comercial bajo objeción o reserva, mientras que Japón, después de décadas de encubrir sus capturas bajo supuestos fines “científicos”, abandonó la CBI en 2019 y retomó la caza comercial por fuera del marco de la moratoria.

Frente a estas presiones y a las estrategias de bloqueo utilizadas por sectores pro-caza, la presencia activa de los países que defienden a las ballenas es esencial, especialmente la de América Latina reunida en el «Grupo Buenos Aires». En este mundial por la vida de las ballenas, las delegaciones conservacionistas tienen que estar en la cancha: allí se juegan decisiones que pueden definir su futuro. Pero también hace falta una hinchada comprometida. La ciudadanía no vota dentro de la CBI, pero se expresa y exige un juego justo, con reglas claras para que las decisiones de conservación puedan avanzar.

La 70.ª reunión de la CBI se realizará este año en Hobarth, Australia, del 27 de septiembre al 2 de octubre. Allí, los 89 gobiernos miembros volverán a debatir temas centrales para el futuro de las ballenas, incluyendo la necesidad de fortalecer las reglas de procedimiento y gobernanza.

Desde sus orígenes, en 1946, la CBI estuvo marcada por la tensión entre países que defienden la conservación y otros que buscan sostener o reabrir la caza comercial. Hoy, la posición conservacionista es mayoritaria y refleja una voluntad global de proteger a las ballenas, sostener la moratoria y avanzar en medidas de conservación.

Frente a ese escenario, los intereses pro-caza han recurrido a distintas estrategias procedimentales para frenar avances. Una de las más utilizadas es el manejo del quórum. Si volvemos a comparar con el mundial de fútbol, en los partidos existen reglas para que el juego pueda terminar y el resultado se defina en la cancha. Si un equipo, para evitar una derrota se retira antes del final, el problema no sería solo deportivo: sería un problema de reglas. Esto, llevado a la CBI, se traduce en el uso del quórum como herramienta de bloqueo para impedir que una decisión de conservación, como por ejemplo la creación del Santuario de Ballenas del Atlántico Sur, pueda aprobarse.

Este no es un riesgo teórico. En 2011, durante la plenaria realizada en la Isla de Jersey, y luego en la de 2022, realizada en Eslovenia, la propuesta para crear el Santuario de Ballenas del Atlántico Sur quedó atrapada en controversias de quórum y maniobras procedimentales que impidieron que una mayoría pudiera expresarse plenamente.

Estos antecedentes muestran que las reglas de gobernanza no son un detalle técnico: pueden definir si la conservación avanza o queda rehén de una minoría. Y esto es lo que aún no ha permitido que el Atlántico Sur se convierta en un santuario para las ballenas. Su creación permitiría proteger hábitats clave para la reproducción, migración y alimentación de distintas especies de ballenas en el hemisferio sur, y consolidar un modelo de uso no extractivo, basado en la ciencia, la cooperación regional y actividades como el avistaje responsable.

Argentina y otros países conservacionistas de América Latina han tenido un rol fundamental en la defensa de la moratoria, el impulso del Santuario y la promoción de una CBI capaz de responder a los desafíos actuales. Ese trabajo regional se articula desde hace dos décadas a través del Grupo Buenos Aires, un bloque de países latinoamericanos comprometidos con la conservación y el uso no letal de las ballenas, que ha sido clave para sostener una voz común frente a las presiones para debilitar la protección internacional.

Proteger a las ballenas no es solo defender una especie emblemática. Las ballenas cumplen funciones ecológicas fundamentales: fertilizan los océanos, sostienen la productividad marina y contribuyen a regular el clima. Además, generan beneficios sociales y económicos concretos para comunidades costeras a través del turismo responsable de avistaje, como ocurre en Península Valdés y muchísimas más comunidades alrededor del mundo.